En los años setenta, el sociólogo Jesús M. de Miguel formuló una lúcida observación (no exenta de provocación) sobre la evolución del sistema sanitario español: mientras que durante el franquismo se asistió a una progresiva socialización de la medicina —mediante la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) y el desarrollo de la red pública de residencias sanitarias—, la llegada de la democracia pareció iniciar un rumbo inverso hacia una progresiva privatización.
Paralelamente a este fenómeno, la postura estamental de la profesión médica reflejó una llamativa paradoja ideológica. A través de sus colegios oficiales y plataformas corporativas, el estamento médico se opuso a la socialización franquista y (enconadamente) a la posterior consolidación del Sistema Nacional de Salud (LGS, 1986). Apelaron para ello al «carácter liberal» de la profesión, reivindicando la libertad de ejercicio, la autonomía técnica y la relación directa con el paciente. Décadas después, esos mismos sectores han respaldado o mirado con beneplácito el avance de la privatización amparándose en el mismo principio: la defensa de la medicina liberal frente al «dirigismo estatal».
Sin embargo, al examinar la estructura real de la sanidad privada en el siglo XXI, este argumento se revela como un espejismo ideológico. La medicina privada actual en España no es liberal; es corporativa, oligopolística e intensamente dependiente del presupuesto público.
1. Del profesional autónomo a la corporativización del mercado
A principios de los años ochenta, el concepto de sanidad privada respondía a los parámetros tradicionales del ejercicio liberal. Predominaba la consulta individual del facultativo, el pequeño centro asistencial o clínicas de propiedad familiar, religiosa o mutual. En este contexto, el médico era un profesional autónomo que controlaba sus tiempos, sus honorarios y sus decisiones clínicas.
Hoy, la sanidad privada ha experimentado una radical concentración y financiarización:
Grandes grupos oligopolísticos: El sector está dominado por un reducido número de corporaciones hospitalarias (Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Ribera, etc.) bajo la propiedad de fondos de inversión internacionales (private equity) y multinacionales.
Proletarización del médico: El profesional sanitario ha dejado de ser un profesional liberal independiente para convertirse en un trabajador —asalariado o mercantil bajo régimen de iguala— supeditado a las directrices de rendimiento, costes, ocupación y eficiencia de la directiva del grupo privado. La autonomía clínica se ve limitada por protocolos corporativos orientados al margen de beneficio.
2. De la financiación privada directa al híbrido con fondos públicos
El segundo pilar que desarma el mito del liberalismo médico radica en el mecanismo de financiación. A principios de los años 80, la sanidad privada se sostenía fundamentalmente mediante el pago directo del paciente o través de seguros individuales modestos. El paciente consumía un servicio y lo pagaba de su bolsillo dentro de la lógica del libre mercado.
En la actualidad, la financiación del sector privado no procede de un mercado libre de usuarios individuales, sino de dos vías corporativas:
Seguros colectivos de empresa: Impulsados masivamente por incentivos fiscales para las corporaciones, que externalizan la cobertura de sus empleados hacia aseguradoras privadas (Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre).
Parasitación del presupuesto público: La sanidad privada depende de forma estructural de la financiación del Estado a través de:
Mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS, MUGEJU): Financiación 100% pública desviada a aseguradoras privadas para prestar atención asistencial a empleados públicos.
Conciertos y derivaciones: Compra de servicios (pruebas diagnósticas y listas de espera quirúrgicas) financiada directamente por los presupuestos autonómicos del Sistema Nacional de Salud.
Modelos de concesión y PFI/PPP: Hospitales de titularidad o gestión mixta donde la administración garantiza el canon económico a sociedades privadas.
3. Conclusión: La quimera de la «libertad de mercado»
La paradoja señalada por Jesús M. de Miguel adquiere en el siglo XXI su forma más aguda. Los médicos que rechazaban la medicina pública para «no convertirse en funcionarios del Estado» han acabado integrados en la disciplina de grandes corporaciones financieras.
La sanidad privada contemporánea no compite en un libre mercado puro, ni devuelve la independencia al médico, ni se sostiene únicamente del bolsillo de clientes privados. Constituye un modelo de capitalismo corporativo asistido, altamente tecnologizado, integrado verticalmente y nutrido de dinero público. Reivindicar la privatización en nombre del «ejercicio liberal de la medicina» no es más que utilizar una categoría sociológica del siglo XIX para justificar la transferencia de renta pública hacia grandes grupos empresariales en el siglo XXI.
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